Antonio Méndez Baiges | Abogado en Mercer (Miembro de Ocopen)

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Reforma de las pensiones: una valoración

Todo el mundo en España está preocupado por el tema de las pensiones. Y el que exista un problema con el sistema de pensiones no es algo de ahora, sino de hace ya bastante tiempo. Y tampoco es algo privativo de nuestro país, sino bastante común en muchas partes.

Los sistemas de pensiones generalizados y obligatorios en reparto basados en el principio de solidaridad intergeneracional vienen topándose desde hace ya bastantes años con varios escollos como son, en nuestro país, el de la demografía (descenso o estancamiento de la natalidad, jubilación próxima de las populosas generaciones de los baby boomers, envejecimiento de la población en general), la longevidad (aumento progresivo de la esperanza de vida), la contención de los salarios (menos cotizaciones esperadas) o las elevadas tasas de paro (más costes y menos ingresos para la Seguridad Social).

Desde 1995, año en que se crea en el Congreso de los Diputados la Comisión del Pacto de Toledo para el estudio del equilibrio del sistema de pensiones, existe como mínimo consciencia del problema. Y, dentro de este siglo, hemos conocido tres reformas: la de Zapatero de 2011, la de Rajoy de 2013 y la de Sánchez-Escrivá de 2021 y 2023. En este artículo se repasan y evalúan sumariamente las medidas de esta última.

En 2021 se aprueba una Ley en el Parlamento que incluye las siguientes principales medidas:

-Derogación del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) introducidos por la reforma del PP de 2013 y que, mediante ajustes progresivos en los importes de las pensiones, deberían haber incidido sobre el lado de los gastos. Se abandona la idea de controlar o contener gastos por este lado.

-Indexación futura de las pensiones con el IPC. Tan sólo un año después, de 2022 a 2023, la inflación galopante obliga a subir las pensiones un 8,5%, mientras que los salarios, cuyas cotizaciones deben financiar y sostener a aquellas, suben en media en torno al 3%. Y no olvidemos que esto no es más que una ley que se puede cambiar en cualquier momento.

-Ajuste de los coeficientes reductores de pensión para las jubilaciones anticipadas. Puede ser algo positivo, pero la existencia de estos coeficientes correctores no es en sí misma una medida de ajuste y control del gasto, sino de equidad, pues quien se jubila anticipadamente va a cobrar más tiempo y por eso ha de recibir una pensión menor.

-Incentivos al retraso de la jubilación. Puede ser una buena medida, pero su efectividad descansa en el comportamiento esperado de la población, y no depende sólo del trabajador, sino también de las empresas, hoy en día por el contrario tan proclives a las prejubilaciones.

-Introducción de una cotización extraordinaria y temporal, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional o MEI, que viene a sustituir al Factor de Sostenibilidad, pero ahora por el lado de los ingresos, y que no genera pensión, y que se destina a un fondo de reserva como el en otro tiempo existente y prácticamente agotado.

En 2023 se aprueba por el Consejo de Ministros y se ratifica por el Congreso un Real Decreto Ley que incluye las siguientes principales medidas:

-Ampliación del plazo y del tipo de cotización del MEI. Sorprende que a tan sólo un año de introducción del MEI este se revise y amplíe. ¿Estaban mal hechos los cálculos originales?

-Previsión de unas subidas futuras de las bases de cotización máximas de hasta diez veces por encima de la subida de la pensión máxima e introducción de una cuota de solidaridad por encima de la base de cotización máxima. Vuelve a incidir sobre el lado de los ingresos. No supone tanta novedad como aparenta, pues esto ya se venía haciendo de facto desde los gobiernos de Rajoy. Y el prever un aumento de cotizaciones para un segmento de los trabajadores hoy por hoy de entre 900.000 y 1.000.000 de personas, sobre un total de mas de 21.000.000 y para atender a más de 10.000.000 de pensionistas hoy, se antoja cuando menos discutible.

-Ampliación del periodo de cómputo de bases de cotización para promediar la base reguladora de la pensión. Es la medida más polémica y también la más insistentemente requerida por la Comisión Europea. Teóricamente incide sobre el lado de los gastos, pero, tal como se ha hecho (ampliación sólo de 25 a 29 años, descuento de 2 de esos 29 años, inicialmente opción del trabajador para que se utilice ese periodo o el antiguo periodo de 25), puede determinar incluso un aumento de costes en vez de un ahorro.

El balance de la reforma no puede, desgraciadamente, ser positivo: medidas seguramente erráticas e insuficientes y modificación de lo legislado anteriormente en lugar de mantenimiento de una línea coherente a lo largo tiempo y con el consenso de todos para tener visos de perdurabilidad.